La República Dominicana firmó un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica en agosto de 2004. Ese acuerdo, que fue ratificado por el Congreso Nacional el 26 de agosto de 2005, establece un desmonte de las barreras arancelarias y no arancelarias existentes entre los países firmantes. Dada la experiencia internacional, se puede prever que este proceso de liberalización comercial debe traducirse en un aumento del valor agregado de cada una de las naciones involucradas. El resultado dependerá del nivel de aprovechamiento de las ventajas comparativas y de la adopción de las medidas necesarias para promover el uso eficiente de la mano de obra y el capital disponible. Para la República Dominicana –que es el séptimo principal socio comercial de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental- el DR-CAFTA constituye un gran reto, que puede traducirse en resultados muy beneficiosos para su población, siempre y cuando pueda realizar las reformas estructurales necesarias para que los sectores productivos mejores su nivel de eficiencia y competitividad.

El DR-CAFTA le da permanencia a los beneficios que la República Dominicana recibía dentro del contexto de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Esta fue una iniciativa lanzada por el Presidente Ronald Reagan en 1983 con el objetivo de dar acceso libre de aranceles a un conjunto importante de productos provenientes de 24 países de la región caribeña. Esa medida unilateral estadounidense, que debía ser renovada periódicamente por el Senado de ese país, promovió el avance del valor agregado y del empleo de las zonas francas industriales de exportación. El DR-CAFTA convierte ese libre acceso al mercado estadounidense, a cambio de que los países firmantes abran sus mercados a los productos estadounidenses en un período de hasta 20 años.

La mayor parte de los productos dominicanos entrará libre de aranceles al mercado norteamericano. El DR-CAFTA entró en vigencia en la República Dominicana en marzo de 2007 -un año después de la entrada en vigencia en El Salvador-, e inmediatamente casi el 100% de los productos originarios de la República Dominicana tendrá un acceso libre de aranceles al territorio estadounidense. A cambio de ese acceso comercial, el 80% de las exportaciones industriales proveniente de los Estados Unidos se podrá internar en el mercado dominicano libre de aranceles. Ese porcentaje se elevará a un 85% en un período de 5 años y a un 100% en diez años. El mercado agropecuario dominicano se mantendrá protegido, hasta por 20 años para algunos productos.

Dentro del marco del DR-CAFTA, la República Dominicana abrirá el mercado de servicios para casi todos los servicios, incluyendo las telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, información financiera, procesamiento de datos, servicios computacionales, energía, transporte y construcción, entre otros. Asimismo, el acuerdo establece un conjunto de compromisos que tienen como meta fortalecer el régimen de protección a la propiedad intelectual y de hacer más transparente el proceso de adquisición de bienes y servicios por el Estado. Con relación a este último tema, las compras gubernamentales por encima de ciertos niveles deberán cumplir con requisitos de licitación, con el objetivo de hacerlas transparentes y más eficientes. Todo esto creará un entorno que promoverá la inversión local y extranjera en territorio dominicano.

Los estudios revelan que, en términos generales, el DR-CAFTA tendrá un impacto positivo sobre la economía dominicana. Se ha estimado que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) aumentará entre 1 y 1.2 puntos porcentuales. Asimismo, se prevé la creación de comercio en el largo plazo, producto de la eliminación de los aranceles de los Estados Unidos, lo cual se expresará en un incremento de un 20% de las exportaciones dominicanas al mercado estadounidense. El límite inferior del aumento de las exportaciones se ha estimado en un 9.9%. El aumento de las exportaciones netas hacia los Estados Unidos –y el aumento de la inversión extranjera- promoverá el crecimiento económico y el empleo. No obstante, es preciso reconocer que en términos sectoriales habrá ganadores y perdedores dentro de la República Dominicana. Aquellos sectores donde no existan ventajas comparativas sufrirán una reducción de empleo debido a la mayor competencia proveniente de los Estados Unidos.

Para obtener el máximo beneficio del DR-CAFTA es indispensable evitar las políticas cambiarias que desestimulen las exportaciones. Una moneda nacional sobrevaluada no es favorable al aumento de las exportaciones y, en consecuencia, limita la capacidad de generar puestos de trabajo. De esto se desprende que el anclaje de la tasa de cambio nominal no es una política compatible con el acuerdo de libre comercio.

La experiencia internacional revela que el elemento central para sacar el máximo provecho de un acuerdo de libre comercio es la inversión en educación. Se ha demostrado, teórica y empíricamente, que la acumulación de capital humano se traduce en un aumento del valor agregado nacional y, en consecuencia, en la reducción de la incidencia de la pobreza en un entorno caracterizado por el libre comercio. El mayor reto de la República Dominicana es elevar el gasto en educación pública –que se sitúa en un monto equivalente a un 1.9% del producto interno bruto- hasta llevarlo al 4% del PIB que establece la Ley General de Educación. Ese primer paso aseguraría que la nación dominicana pueda transformar las oportunidades que brinda el DR-CAFTA en un entorno social exitoso, caracterizado por mayores ingresos laborales y mejor distribución de la renta.