La participación en la economía, en forma y fondo, del gobierno cambiará sustancialmente por la entrada en vigencia del DR-CAFTA. El gobierno, como ente administrativo del Estado Dominicano, deberá transparentar sus actuaciones en la compra de bienes y servicios, dando participación a través de licitaciones internacionales a competidores provenientes de los países firmantes del acuerdo de libre comercio. Esto promoverá un uso más eficiente de los recursos de los contribuyentes.

La necesidad de una mano de obra más productiva con el objetivo de poder competir dentro del entorno definido por el DR-CAFTA, obligará al gobierno a destinar una mayor cantidad de recursos a promover el fortalecimiento del capital humano. El gasto en educación y salud, que combinados no superan una suma equivalente a un 4% del PIB, deberá duplicarse en un tiempo relativamente breve. De lo contrario, las exportaciones dominicanas serían desplazadas por las centroamericanas y estadounidenses, repercutiendo negativamente sobre el empleo y bienestar de la sociedad.

Desde inicio de la década de los noventa, las instituciones gubernamentales han estado mostrando avances significativos. Las que mayor avance han registrado son las instituciones recaudadoras de impuestos. Las Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas –que tiene por delante un gran reto logístico dentro del DR-CAFTA-, han dado pasos de avance significativos en la modernización electrónica de sus procesos administrativos. Ese mismo avance se necesita en las áreas sociales, pues se requiere elevar la tasa de retorno de cada peso invertido en salud pública, educación estatal y protección social, entre otros.

El valor agregado del gobierno se cuantifica a través de la magnitud salarial que recibe la administración pública. Durante el año 2006, el valor agregado de esta actividad creció en un 4.6%, debido al incremento en la nómina del Gobierno Central (5.3%), Instituciones Descentralizadas y Autónomas (0.3%), y Municipios (3.4%). La Presidencia de la República fue la institución que registró el mayor nivel de crecimiento de personal, al incrementarse en un 45.3% la cantidad de personas que laboran en programas que dependen de la Presidencia. Durante el primer trimestre del año 2007, el ritmo de crecimiento del valor agregado del gobierno se desaceleró ligeramente, situándose su tasa de variación en un 2.5%.

Un paso de avance en el proceso de modernización del Estado fue la promulgación de la legislación que otorga autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a la Dirección General de Aduanas. Esas instituciones recaudadoras han experimentado un progreso significativo hacia la creación de una Administración Tributaria moderna en la República Dominicana. A partir de enero de 2007, la DGII puso en marcha el Número de Comprobante Fiscal, el cual ha permitido reducir sustancialmente la evasión del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios y la del Impuesto sobre la Renta.

También se continúan ejecutando proyectos de reforma y modernización del Poder Ejecutivo, que tienen como objetivo desarrollar una capacidad institucional permanente y suficiente, en el ámbito de la administración pública central, que apoye al gobierno a controlar las variables macroeconómicas, desarrollar una política distributiva equitativa y mejorar la eficiencia en la focalización del gasto social. Este objetivo se obtendría mediante el desarrollo de la capacidad institucional para formular, coordinar, ejecutar, y evaluar políticas y programas económicos y sectoriales de una manera transparente, eficiente y eficaz. Un aspecto positivo de ese proceso de modernización fue la creación de la Secretaría de Hacienda –que abarca en una entidad los ingresos, gastos y crédito públicos- y la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo.

En el DR-CAFTA, la República Dominicana se comprometió a cumplir con normativas respecto a las compras gubernamentales sobre límites (58,550 dólares para bienes y servicios; y 6.7 millones de dólares para obras públicas). Durante los tres primeros años el límite es superior (117,100 dólares para bienes y servicios; 8 millones de dólares para obras públicas). La nueva legislación de compras gubernamentales aprobada por el Congreso Nacional en el año 2006, que reduce la posibilidad de realizar adquisiciones y contrataciones grado a grado, es compatible con el DR-CAFTA.