La República Dominicana es una economía de servicios. De cada 100 pesos que se producen, las actividades de servicios representan 63 pesos. Entre éstas las principales son: comercio, comunicaciones, construcción y hoteles bares y restaurantes (turismo). Dado que esos servicios tienen secciones particulares en The Business Register, en esta sección se abordarán las otras actividades de servicios, que agrupan los servicios de electricidad y agua, propiedad de viviendas y otros servicios. Actualmente, el sector electricidad y agua tiene una representación en el PIB de un 1.9%, la actividad propiedad de viviendas aporta el 6.6% y otros servicios explica el 10% del PIB.

A pesar de la capitalización privada llevada a cabo en 1998, el sector eléctrico continúa presentando graves deficiencias. El índice de recuperación de efectivo –que combina el porcentaje de energía facturada con el porcentaje de la energía cobrada- oscila alrededor del 50%, lo cual revela que de cada 100 dólares que las empresas distribuidoras de electricidad compran a las generadoras, sólo pueden cobrar 50 dólares. Esa deficiencia administrativa ha obligado al sistema eléctrico a establecer elevadas tarifas de electricidad, que llegan hasta los 26 centavos de dólar por kilovatio hora, para reducir el déficit financiero de las empresas distribuidoras de electricidad. Cabe resaltar que, a pesar de esas tarifas de electricidad, el Gobierno Central ha tenido que subsidiar al sector eléctrico en los últimos tres años transfiriendo entre 400 y 500 millones de dólares anuales.

Ese elevadísimo costo es una de las principales restricciones a la competitividad que necesita tener el sector productivo nacional para poder aprovechar exitosamente las oportunidades que brinda el DR-CAFTA. En el año 2007 se aprobó una modificación a la Ley General de Electricidad que criminaliza el robo de ese servicio.

Según los informes oficiales, la actividad Energía y Agua registró en el año 2006 un crecimiento en su valor agregado de un 7.2%, como resultado de la mejoría reflejada en el consumo energético facturado de todos los sectores económicos. Se ha calculado que la producción total de energía se expandió en 982.5 millones de kilovatios hora, lo cual representa un aumento de un 9.9% con relación al nivel registrado en el año 2005. El nivel de pérdidas comerciales ascendió a un 46%. Con relación al Agua, se ha registrado que en el año 2006 el suministro de agua potable a la población creció en un 0.4%.

Durante el primer trimestre del año 2007, y de acuerdo a la información oficial, la actividad Energía y Agua aceleró su expansión económica al registrar su valor agregado un crecimiento de un 12.9%, con relación al primer trimestre del año 2006. A pesar de que en los primeros meses del año la población ha sido afectada por un severo desabastecimiento de agua, las autoridades sostienen que la actividad Energía y Agua creció debido al aumento de la producción de energía eléctrica que se suministra a las comunidades bajo campaña de energía 24 horas.

Es previsible que la criminalización del robo de la energía eléctrica promueva un mejor cumplimiento de las obligaciones de los usuarios del servicio y de esa manera pueda disminuir el déficit financiero de las empresas distribuidoras de electricidad. Esto permitiría reducir el valor agregado de distribución y, en consecuencia, la tarifa de electricidad que enfrentan los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

El costo del servicio de electricidad se reducirá también después de que se logre la renegociación de los contratos de compra de energía firmados con generadores privados en los años noventa. Cabe resaltar que esa renegociación obligaría al Gobierno Central, a través de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), a colocar sobre la mesa de negociación varios cientos de millones de dólares, que se ha dicho es el valor presente correspondiente a la terminación (o modificación) de los contratos vigentes.

Por último, la potencial entrada al mercado eléctrico de energía generada mediante el uso de carbón reduciría el precio de generación de electricidad y, dado la eliminación de los contratos con los generadores privados, se lograría una marcada disminución de la tarifa de electricidad. Esta reducción mejoraría la competitividad de la economía dominicana, facilitando la inserción de la producción nacional en los mercados definidos dentro del DR-CAFTA.